Santo Domingo
El presidente haitiano Michel Martelly reconoció que la sentencia del Tribunal Constitucional que establece las condiciones para acceder a la nacionalidad en República Dominicana es una cuestión que básicamente compete resolver a este país, aunque puso en duda los efectos de su aplicación en lo concerniente a los derechos humanos.
Martelly, quien concluyó ayer una visita oficial de tres días a Jamaica, se refirió por primera vez públicamente al fallo al señalar que el dictamen del tribunal descalifica de forma automática a los hijos de inmigrantes nacidos en República Dominicana, para obtener la ciudadanía de esta nación.
“Es fundamentalmente un asunto que debe ser resuelto por República Dominicana. Por supuesto que estamos preocupados... porque los derechos humanos están en cuestión”, afirmó Martelly el pasado jueves en Kingston, según la radioemisora haitiana Metropole.
Martelly participará el próximo martes en una reunión de la Comunidad del Caribe (Caricom), en la que el organismo adoptará “iniciativas eficaces” sobre la sentencia que Haití y otras naciones y organismos internacionales rechazan porque supuestamente afecta a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, informó ayer el diario haitiano Le Nouvelliste.
El encuentro se realizará en Trinidad & Tobago a instancias de la primera ministra de ese país y actual presidenta del Caricom, Kamla PersadñBissessar, y en respuesta a una iniciativa del secretario general del organismo, Irwin LaRocque, y del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, que esta semana exigieron “una posición sólida sobre la cuestión”.
El Caricom evaluará la decisión del tribunal, que en septiembre pasado falló que una mujer de ascendencia haitiana, Juliana Deguis Pierre, no tiene derecho a la nacionalidad dominicana porque nació de padres cuya condición de “extranjeros en tránsito” la excluye de optar por ese derecho.
El canciller haitiano Pierre-Richard Casimir también viajará el próximo martes a Venezuela, para exponer la posición de su gobierno con respecto a la sentencia.
Según Le Nouvelliste, el asunto ya fue planteado a principios de este mes por el primer ministro Laurent Lamothe a las autoridades venezolanas en Caracas, adonde este jueves viajó una misión dominicana para explicar el alcance de la sentencia.
Esta misma semana, San Vicente y las Granadinas recomendó bloquear el ingreso de República Dominicana al Caricom, y sugirió suspenderla del Cariforo, un organismo vinculado al grupo Asia, Caribe Pacífico (ACP).
El primer ministro de San Vicente también planteó que Venezuela debía hacer lo mismo con Petrocaribe, la iniciativa que permite a República Dominicana acceso a petróleo venezolano en condiciones preferenciales.
En respuesta, la Cancillería calificó la propuesta del funcionario vicentino como “improcedente y carente de toda base legal”, y puso énfasis en la soberanía de los Estados para adoptar sus propias decisiones.
En general, el gobierno dominicano ha dado garantías de que la sentencia se aplicará con estricto apego a los derechos de las personas que se sientan afectadas y sobre la base de una genuina preocupación humanitaria.
HAITÍ CUENTA CON APOYO INDIVIDUAL DE NACIONES
El gobierno dominicano ha defendido la soberanía que le asiste a la justicia de su país para establecer las condiciones para regular la situación de los indocumentados y restablecer las condiciones para el acceso a la nacionalidad dominicana.
El gobierno dominicano ha defendido la soberanía que le asiste a la justicia de su país para establecer las condiciones para regular la situación de los indocumentados y restablecer las condiciones para el acceso a la nacionalidad dominicana.
Haití, que cuenta con el respaldo individual de varias naciones caribeñas, logró que el Caricom cuestionara el mes pasado la sentencia (del Tribunal Constitucional, y sugirió que la Unión Europea envíe una misión a Santo Domingo para indagar sobre los efectos del dictamen.
Pero el representante de la UE en República Dominicana, Alberto Navarro, señaló que el bloque esperará los resultados de las medidas emprendidas por el gobierno dominicano, mientras el delegado de la ONU en el país, señaló que la implementación del programa de regularización que dispone la sentencia es la “única salida” para resolver el problema de los indocumentados.
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