La posición pública asumida por el gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez en torno al contrato con la Barrick Gold es ejemplarizante y ennoblecedora.
Afirmar ante los miembros de la Asamblea Nacional y la nación dominicana que el referido convenio, a la luz del presente, es inaceptable, además de marcar un precedente en el manejo de los asuntos de Estado, pone de manifiesto una actitud de responsabilidad que sobredimensiona positivamente al mandatario dominicano.
Subrayar en su histórica alocución que “una operación como la planteada por los ejecutivos de Barrick Pueblo Viejo no encaja dentro de los principios éticos y morales sobre los que se fundamenta nuestra administración”, proyecta una posición patriótica y titánica del gobernante criollo.
Y como cada acción genera su reacción, ya empezaron brotar.
De manera desafiante, el gerente de Comunicaciones de la Barrick Gold, Jorge Esteva, ha dejado establecido que la renegociación de su contrato con el Estado dominicano "no está sobre la mesa" y que la mencionada empresa minera “espera que Danilo Medina haya analizado las consecuencias de lo que dijo el pasado 27 de Febrero en su discurso de rendición de cuentas”.
Ha sido Esteva el mismo ejecutivo en decir: "No entendemos la necesidad de una renegociación de un contrato que fue firmado por el Poder Ejecutivo, ratificado por la Cámara de Diputados y los Senadores, y luego promulgado por el Poder Ejecutivo durante veintisiete meses. ¿Qué va a pasar el año que viene, en la próxima administración? Necesitamos tener reglas claras".
Como se deduce, estos desacertados juicios no parecen estar alejados de las patochadas inauditas que bien podrían llenar páginas de oro en la imprudente crónica del disparate.
No siendo de otra manera, la sensatez y la prudencia ha de pautar al presidente Danilo Medina Sánchez, aquilatar las aseveraciones del reputado jurista Enmanuel Esquea Guerrero, quien con atinados planteamientos recuerda que el contrato de explotación minera de Barrick Pueblo Viejo “es un cuerpo de delito” y por tanto, el ejecutivo de la nación dominicana está llamado a apoderar “al procurador general de la República para que lo investigue y castigue a los funcionarios y legisladores que se prestaron a negociarlo y aprobarlo”.
Tal como lo sugiere el citado abogado, si la intención es “agarrar el toro por los cuernos”, evitando una actitud de “medias tintas”, ante “un contrato corrupto, corrompido, contaminado”, aprobado por fariseos de nuevo cuño, el presidente Medina Sánchez, quien se autodefine como un hombre que prefiere hablar con hechos, más que con palabras, tiene la brillante oportunidad de demostrar que está decidido a hacer lo que tiene que hacer e investigar a todo el que metió sus manos en ese armatoste de convenio.
Como capítulo prudente y lógico para continuar estableciendo, en la praxis, su propio estilo de gobierno y la tan deseada renovación del ejercicio de la política dominicana, al tiempo que cambiar los enunciados términos desventajosos para la explotación del oro dominicano, el gobernante Danilo Medina está llamado a ordenar, a la prontitud necesaria, una investigación de todo el contexto de aprobación del contrato con la Barrick Gold.
De esta manera y no de otra, robustecería su estatura patriótica y quedaría impregnado en la pizarra del escenario nacional e internacional la indeleble ratificación de que, real y efectivamente: “El oro que subyace en el suelo de la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, es del pueblo dominicano”.
La suerte está echada, Señor Presidente…!!
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