Guillermo Pérez
Tras meses de campaña activa en foros internacionales condenando la sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana, que busca regular el estatus de miles de familias y extranjeros en el país, Trinidad y Tobago acaba de anunciar una campaña nacional para terminar con la inmigración ilegal en ese país, lo que podría llevar a la expulsión de más de 110 mil extranjeros indocumentados que viven en esa isla del Caribe, según una declaración del ministro de Seguridad Nacional, Gary Griffith.
La más activa en esa campaña fue la ministra de la nación insular, Kamla Persad- Bissessar. La jornada de búsqueda de ilegales incluye inspecciones “puerta por puerta”, aunque Griffith ha asegurado que no se trata de una “caza de brujas”, sino que pretende regularizar la situación de los indocumentados.
En una conferencia de prensa el 29 de octubre de este año, Griffith declaró: “Si usted es un inmigrante ilícito, sea de África, el Caribe o Marte, usted está violando la ley, y todo lo que estoy haciendo como ministro es garantizar que la política (con respecto a esas personas), se haga cumplir”.
Según él, en su país “no existe discriminación ni perjuicios por parte de las autoridades a la hora de tratar con los inmigrantes”.
Todos los extranjeros en una situación de ilegalidad en Trinidad y Tobago tienen de plazo hasta inicios de enero de 2015, para lo que faltan dos meses, y presentar su documentación en orden en el país. Quien no lo haga enfrentará automáticamente la deportación. El ministro de Seguridad nacional le dijo al periódico Trinidad and Tobago Newsday que el gobierno tiene en plan ejecutar una campaña de deportaciones, que incluirá visitas casa por casa. Su propósito es, según indicó, reducir el delito.
Griffith relacionó la presencia de indocumentados con el aumento de la actividad criminal en la isla caribeña y señaló que “la expulsión de los indeseados tendrá un impacto positivo en la lucha contra el delito”.
“No es casualidad que este problema haya comenzado justo en el mismo período en el que escaló la actividad criminal, alrededor de 2004 o 2006. Esto muestra una relación entre los inmigrantes ilegales y delitos serios”, dijo Griffith. Aclaró que no todos los inmigrantes en situación irregular serán deportados, solo aquellos que “sean una carga para el erario público, no tengan empleo, no se conozca una vivienda estable, o que sean ‘una amenaza para la seguridad nacional’ deberán abandonar el país”.
“Los inmigrantes ilegales están utilizando el siste- ma educativo, de salud, y las oportunidades de empleo”, destacó Griffith, quien agregó que el país recibe con brazos abiertos a la inmigración pero que esta debe ser legal.“Después de que la ventana [de dos meses] se cierre, [con] todas las personas que no han sido regularizadas estaremos haciendo una campaña masiva (…)iremos casa por casa y cualquier persona que esté aquí ilegalmente la enviaremos de vuelta a su casa”, declaró Griffith al diario. “Más del 10% de la población adulta en este país son personas que están aquí ilegalmente”, añadió.
El 16 de octubre de 2013, en Puerto España, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, condenó la sentencia del TC dominicano, que, según dijo, afecta a miles de descendientes de haitianos, aunque el fallo solo busca favorecer a miles de extranjeros mediante la regularización de su estatus en el país, para lo cual ya se implementa un plan, con carácter gratuito, al que se han acogido miles de ciudadanos de otros países, especialmente haitianos. Persad- Bissessar también llegó a llamar a la unidad de ese ente regional para fustigar el fallo del ente constitucional del país.
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