El gobierno dominicano acató la sentencia 168-13 emitida por el Tribunal Constitucional y reiteró su compromiso con el respeto a la constitución, las leyes de la República y la independencia de los poderes públicos y órganos constitucionales.La posición oficial fue dada a conocer en una lectura de documento realizada por el portavoz del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, durante una rueda de prensa realizada en el Salón Orlando Martínez, del Palacio Nacional.
Rodríguez Marchena leyó la declaración en presencia del ministro Gustavo Montalvo; del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio y de los miembros del Consejo Nacional de Migración, José Ricardo Taveras, director General de Migración; Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central Electoral y el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, quien lo preside.La convocatoria a los periodistas se produjo tras finalizar la sesión del Consejo Nacional de Migración, llevada a cabo en el Salón Privado del presidente Danilo Medina, quien estuvo presente en la misma.
Además de los funcionarios mencionados asistieron a la sesión los demás integrantes del Consejo, los ministros de Defensa, almirante Sigfrido Pared Pérez; de Trabajo, Maritza Hernández; de Turismo, Francisco Javier García; de Salud Pública, Freddy Hidalgo y de Agricultura, Juan Ramón Rodríguez, así como el viceministro de Relaciones Exteriores, José Manuel Trullols, y el presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados, Elpidio Báez.
En el documento, el Consejo Nacional de Migración reiteró su compromiso con la implementación de una política migratoria clara y transparente, ajustada al mandato de la Constitución y las leyes dominicanas, respetando los derechos humanos y los acuerdos internacionales.
“Paralelamente, el Estado es sensible ante la situación de aquellas personas que se consideran dominicanas, y que sienten afectados sus derechos como consecuencia de esta sentencia. Como ha expresado el Presidente Danilo Medina por el fallo “aquí hay un problema humano que tenemos que resolver”, manifiesta el documento.
Indica que ante estas circunstancias, el Estado trabaja para encontrar una respuesta coherente y humanitaria, motivo por el cual, y después de un proceso de consultas, fue convocado el Consejo Nacional de Migración, para atender los aspectos de la decisión que le corresponden.
Como resultado de la sesión, el organismo decidió que en un plazo de 30 días, la Junta Central Electoral rinda un informe en el cual se exprese el impacto de la sentencia en relación a los extranjeros inscritos en el sistema registral, tanto en su condición de regulares como irregulares.Del mismo modo, acordó que el consejo Nacional de Migración elabore, en un plazo de no más de 60 días, el Plan de Regularización de Extranjeros y que en lo inmediato se procederá a la conformación del Instituto Nacional de Migración y a la designación de su Director Ejecutivo
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